(Buenos Aires, 28 de septiembre de 2015) - A partir del elevado número de incumplimientos a la ley de cupo femenino registrados en el monitoreo de las listas oficializadas para competir en las PASO desde ELA junto con Fundación Mujeres en Igualdad (MEI), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), y la Asociación de Abogados de Buenos Aires (AABA), enviamos cartas a los Tribunales Federales de Primera Instancia de las siete provincias en las que se habían identificado los incumplimientos, con el objetivo de contribuir con la labor de la Justicia Electoral alertando sobre los problemas identificados, y de este modo lograr que actuara de oficio requiriendo la adecuación de las listas a las normas vigentes de cara a las elecciones del 25 de octubre.
Una vez finalizado el proceso de oficialización por parte de la Justicia Electoral, reiteramos el monitoreo de las candidaturas. Sin embargo el análisis de las listas habilitadas para competir en las elecciones de octubre sigue arrojando incumplimientos a la ley de cupo. Aunque el porcentaje de listas que infringen la normativa se redujo con respecto a las PASO -en esta ocasión las listas que incumplen representan el 6% (6 de 96), frente al 10% de las primarias-, se trata de un dato preocupante, ya que indica la falta de compromiso con la participación política de las mujeres, no sólo por parte de los partidos políticos –que se había manifestado en las decisiones de las Juntas Electorales Partidarias-, sino también por parte de la Justicia Electoral que debe actuar de oficio ordenando la adecuación de las listas al cupo. La Justicia Electoral puede y debe ordenar la adecuación de las listas para garantizar la participación de las mujeres. Prueba de ello es el reciente caso de la lista del FIT en la provincia de Buenos Aires. Como este Frente no renovaba bancas en esta elección, el segundo lugar de la lista debía estar ocupado por una mujer, tal como se establece en art 4 del Decreto 1246/2000. La lista resultante de las PASO incumplía con este requisito, hecho que motivó al Juzgado Federal de Primera Instancia de la Provincia de Buenos Aires a actuar de oficio solicitando la adecuación. Ante la negativa del Frente, que apeló la Sentencia de Primera Instancia, el caso pasó a la Cámara Nacional Electoral, quien resolvió mediante un fallo del 24 de septiembre de 2015 que el “Tribunal asume el rol de garante del cumplimiento de las medidas que procuran la igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos electivos y partidarios”.Sin embargo el Juzgado Federal de Primera instancia no ejerció el debido control con la lista de UNA, ya que a pesar de incumplir con la normativa (por contar con más de dos varones consecutivos), esta fue oficializada.
A pesar de la reiteración de este principio en la jurisprudencia de la Cámara Electoral, nuestro análisis muestra que se siguen registrando incumplimientos en 4 provincias: Misiones (3 de 6 listas incumplen), provincia de Buenos Aires (1 de 5), Salta (1 lista de 4) y Santa Fe (1 de 6). Como se puede observar en el cuadro 1, los motivos del incumplimiento continúan siendo los mismos que se registraron en las PASO: las listas no cumplen con el porcentaje mínimo de mujeres establecido en la legislación; no se cumple con la alternancia por sexo (hay más de dos varones seguidos en las listas); y en ocasiones no se incluyen mujeres en las listas de suplentes. El caso más preocupante continúa siendo el de Misiones, en el que nuevamente la mitad de las listas presentadas – y oficializadas por la Justicia Electoral- para competir en las elecciones incumplen con la normativa sobre cupo femenino.
Mientras que en las PASO el problema radicaba en la no actuación de la Justicia Electoral (tal vez por interpretar que la normativa que regula las primarias no los obliga a actuar de oficio), en las listas presentadas para las elecciones del 25 de octubre el problema es el control ineficiente por parte de la Justicia Electoral, ya que es clara su obligación de ordenar la adecuación de las listas previo a su oficialización.
¿Cómo evitar que esta vulneración de derechos se reitere en el futuro? Para garantizar la plena participación política de las mujeres resulta necesario avanzar en diferentes vías. Por un lado, diseñando reformas legislativas, tanto en la normativa de cupo - por ejemplo en lo que respecta a los reemplazos y renuncias-, como en la ley que regula las PASO -incluyendo con toda claridad la obligatoriedad de actuar de oficio de la Justicia Electoral-.
Por otro lado es fundamental trabajar para generar e institucionalizar plataformas y/o redes de apoyo para mujeres políticas para que los incumplimientos sean señalados a la Justicia, que deberá intervenir. Esta estrategia de acción colectiva demostró ser de utilidad en otros casos (como el de Ramona Pucheta en 2013, quien tras anunciar que renunciaría a su banca para que asumiera su compañero Raúl Castells, fue impulsada por diputadas de diversos bloques políticos para que mantuviera su banca. Claramente, se trata de una demanda actual y relevante: a raíz de la difusión de los resultados del relevamiento de las PASO hemos recibido pedidos de apoyo por parte de mujeres políticas en diferentes provincias, quienes ante la falta de control de la Justicia Electoral ven vulnerados sus derechos y se ven obligadas (muchas veces en soledad) a enfrentarse a los aparatos partidarios. La estrategia del litigio ha tenido resultados positivos para lograr la plena aplicación de la ley de cupo en estos 25 años de su implementación. Así, se han logrado avances en cuanto a la interpretación de la norma, y se han sentado precedentes a favor de la participación política de las mujeres.
Se trata de conquistas importantes, mientras se avanza en un camino que conduzca a la paridad. Ese será el objetivo a perseguir.